El problema de los ciberataques en España: impacto y realidad

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En los últimos años, España se ha convertido en uno de los objetivos preferidos de la ciberdelincuencia. Empresas, administraciones públicas e infraestructuras industriales sufren a diario ataques que van mucho más allá de un simple virus en el ordenador: hablamos de robos masivos de datos, chantajes multimillonarios, sabotajes a servicios esenciales y fugas de información que terminan en la dark web.

Este escenario tiene un impacto directo en la economía y en la vida cotidiana. Las pymes cierran, los ciudadanos ven expuestos sus datos personales, los ayuntamientos se quedan sin sistemas para atender a la ciudadanía y los grandes grupos del Ibex 35 se enfrentan a brechas que dañan su reputación. Todo ello en un contexto en el que la digitalización, la inteligencia artificial y el teletrabajo han multiplicado los puntos de entrada para los atacantes.

El problema de los ciberataques en España: cifras que preocupan

La digitalización se ha vuelto imprescindible para el tejido empresarial español, pero también ha abierto una puerta enorme a los ciberdelitos. Las telecomunicaciones, la nube, el comercio electrónico y el trabajo remoto son hoy el corazón de la actividad económica, y cualquier fallo de seguridad se traduce de manera casi inmediata en pérdidas económicas, interrupciones del negocio y sanciones legales.

Según los últimos datos de INCIBE, en 2024 se gestionaron alrededor de 97.000 incidentes de ciberseguridad solo en España, lo que supone un aumento aproximado del 16,6% respecto al año anterior. Una parte muy relevante de esos incidentes afectó directamente a empresas, incluidos proveedores de servicios esenciales y pymes, que se han convertido en el blanco favorito de muchos grupos criminales.

El auge del teletrabajo tampoco ha ayudado a contener el problema. Alrededor de tres millones de personas trabajan de forma remota en España, utilizando ordenadores personales, redes domésticas y dispositivos móviles que, en muchos casos, no cuentan con las mismas garantías de seguridad que los entornos corporativos. Esta situación ha disparado los riesgos de intrusión, robo de credenciales y ataques de phishing dirigidos a empleados.

Si miramos al bolsillo, el impacto es demoledor: el coste medio estimado de un ciberataque para una empresa española ronda los 35.000 euros. Pero esa media es engañosa, porque para una pyme ese importe puede suponer la diferencia entre seguir abierta o bajar la persiana. De hecho, diversos estudios indican que alrededor del 60% de las pequeñas y medianas empresas cierran en menos de seis meses tras sufrir un incidente grave de ciberseguridad.

Además del coste directo (paralización de la actividad, recuperación de sistemas, contratación de expertos, etc.), las empresas deben afrontar el riesgo regulatorio. Desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), las fugas de información personal pueden traducirse en multas millonarias. Solo en 2024, las autoridades europeas impusieron sanciones por más de 1.200 millones de euros por incumplimientos relacionados con privacidad y seguridad.

Una amenaza cada vez más sofisticada: malware, phishing y ransomware

El catálogo de técnicas que emplean los ciberdelincuentes en España es tan variado como preocupante. Desde el simple engaño por correo electrónico hasta operaciones complejas de chantaje, robo masivo de datos e inyección SQL, la sofisticación de los ataques ha crecido a la par que lo hacía la dependencia digital de empresas y administraciones.

El malware sigue siendo el tipo de amenaza más frecuente. En los últimos informes se contabilizan más de 42.000 casos entre virus, troyanos y otros programas maliciosos capaces de infectar equipos, espiar a los usuarios, borrar información o abrir puertas traseras para futuros ataques. Dentro de este grupo, el ransomware se ha consolidado como la amenaza más disruptiva, combinando cifrado de datos, robo de información y tácticas de doble o incluso triple extorsión.

El phishing se ha disparado con fuerza en nuestro país. Se registran decenas de miles de incidentes al año, con campañas que utilizan webs falsas, llamadas y correos electrónicos que imitan a bancos, administraciones o grandes marcas. En muchos casos, el objetivo es obtener contraseñas, datos bancarios o credenciales corporativas. Llama la atención que más de dos tercios de los dominios de phishing detectados en España utilicen HTTPS, lo que genera una falsa sensación de seguridad en los usuarios que asocian el candado del navegador con fiabilidad.

En paralelo, los ataques de denegación de servicio (DDoS) también se encuentran al alza, con decenas de miles de intentos registrados en un solo año. Este tipo de ofensiva consiste en saturar servidores o servicios en línea para dejarlos fuera de juego, afectando a webs corporativas, portales públicos y servicios críticos.

Más allá de la estadística, los expertos señalan un cambio de fondo: la profesionalización del cibercrimen y la aparición del “cibercrimen como servicio”. Hoy, cualquier delincuente con pocos conocimientos técnicos puede alquilar kits de ransomware, comprar accesos robados o contratar campañas de phishing a grupos especializados, con un retorno de inversión que se estima en más de un 1.400%, muy por encima del del narcotráfico.

España en el punto de mira: ransomware y ofensivas masivas

La posición de España en el mapa mundial de ciberataques no es precisamente cómoda. Diversos informes la sitúan entre los países europeos más castigados por la ciberdelincuencia, con una media de casi 2.000 ataques semanales por organización durante el primer trimestre de 2025. Esto se traduce en un crecimiento de alrededor del 60% respecto al año anterior.

El ransomware ha crecido a un ritmo especialmente agresivo. Mientras que a nivel global los ataques de este tipo aumentaron algo más del 100%, en España se ha observado un incremento cercano al 150%. Los incidentes conocidos pasaron de unas pocas decenas a más de un centenar en un solo año, concentrando una parte nada despreciable de todas las ofensivas de este tipo detectadas en el mundo.

Detrás de estas campañas no hay aficionados aislados, sino auténticas organizaciones criminales con estructura empresarial. Modelos como el Ransomware as a Service (RaaS) permiten que un grupo desarrolle la infraestructura y el malware, mientras otros “afiliados” ejecutan los ataques y comparten beneficios. Nombres como RansomHub, Akira o Clop han saltado a los titulares por sus golpes dirigidos a empresas, cadenas de suministro y proveedores de servicios.

Las tácticas también se han sofisticado. La simple encriptación de archivos ya no basta. Ahora lo habitual es que los atacantes roben primero grandes volúmenes de datos y, después de cifrar los sistemas, exijan un rescate por duplicado: por recuperar el acceso y por evitar la publicación de la información robada. En los casos más extremos, llegan a practicar la triple extorsión, presionando también a los clientes o pacientes de la víctima, especialmente si se trata de datos médicos u otros contenidos muy sensibles.

En paralelo, España registra un aumento notable de ciberataques de motivación política o estratégica. Grupos prorrusos han reivindicado ofensivas de denegación de servicio contra webs de diputaciones, ayuntamientos y organismos públicos, especialmente en respuesta al apoyo del Gobierno español a determinados socios internacionales. Esto refleja una convergencia creciente entre cibercrimen organizado y actores ligados a estados como Rusia, China, Corea del Norte o Irán.

Ciberataques en España: casos recientes que marcan tendencia

El listado de incidentes recientes en España muestra que nadie está a salvo: universidades, aseguradoras, grandes superficies, ayuntamientos, empresas de agua, operadores de telecomunicaciones o incluso cámaras de representación política han sufrido ataques con mayor o menor impacto.

A comienzos de 2025, una universidad pública en Baleares se vio afectada por una campaña de phishing que suplantaba a la propia institución, a través de correos con enlaces a páginas falsas para robar credenciales de alumnos y profesores. Aunque el alcance concreto del incidente no se hizo público, el caso evidenció la facilidad con la que los atacantes pueden explotar la confianza en el correo institucional.

Poco después se conoció que los datos de alrededor de 180.000 miembros de la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa habían sido filtrados y puestos a la venta en foros de ciberdelincuencia. Entre la información expuesta figuraban direcciones de correo, muchas de ellas personales, lo que abre la puerta a futuras campañas dirigidas de extorsión o espionaje.

En el ámbito corporativo, Telefónica ha sido protagonista de varias brechas relevantes. Primero, un incidente en su sistema interno de ticketing expuso gigabytes de información relacionada con la gestión de incidencias técnicas. Más adelante, un supuesto hackeo masivo a sus servicios de comunicaciones habría comprometido millones de registros de clientes, incluyendo datos de usuarios en otros países, a cambio de un rescate relativamente modesto exigido por el atacante.

Otras grandes marcas españolas tampoco se han librado. Una importante aseguradora de salud notificó a sus clientes un acceso no autorizado a información personal como nombres, teléfonos, direcciones o correos electrónicos, aunque se descartó la filtración de datos médicos o financieros. De forma similar, una conocida cadena de grandes almacenes sufrió un ataque a través de uno de sus proveedores, que dejó expuestos datos de tarjetas de fidelización y contacto de millones de usuarios.

La administración local también está bajo fuego constante. Ayuntamientos como el de Badajoz han visto paralizados sus servicios digitales por ataques de ransomware, que dejaron inoperativos portales de cita previa, trámites administrativos y sistemas internos durante días. Compañías municipales como la de aguas de Mataró también han tenido que gestionar incidentes que, aunque no afectaron al suministro, sí comprometieron la operativa tecnológica y la atención a usuarios.

Incluso el Senado se ha visto envuelto en un caso singular cuando dos informáticos internos accedieron sin autorización a las cuentas y perfiles digitales de varios senadores, lo que derivó en su despido disciplinario. El incidente puso sobre la mesa el riesgo que suponen los accesos privilegiados mal gestionados dentro de cualquier organización.

El impacto en pymes y tejido empresarial: el eslabón más débil

La percepción de que solo las grandes corporaciones son objetivo de los ciberataques es un mito peligroso. En España, las pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral de la economía y, al mismo tiempo, el blanco más rentable para muchos delincuentes digitales.

Los informes de operadores y organismos públicos coinciden: los incidentes que afectan a empresas se han disparado hasta crecer más de un 40% en un solo año, con decenas de miles de casos gestionados. De ellos, una parte creciente recae sobre pymes que ofrecen servicios críticos o que actúan como proveedoras de grandes grupos, lo que las convierte en una pieza muy apetecible de la cadena de suministro.

Una de las razones es que las pymes suelen contar con menos recursos y menos personal especializado. La gestión de la tecnología recae muchas veces en proveedores externos o en equipos reducidos, sin una estrategia formal de ciberseguridad ni políticas claras de formación, copias de seguridad o gestión de vulnerabilidades. A esto se suma una peligrosa sensación de “a mí no me va a pasar porque soy pequeño”.

El resultado es que las consecuencias de un ataque para una pyme pueden ser devastadoras. Además del coste medio estimado de 35.000 euros por incidente, hay que considerar las pérdidas por paradas de producción, cancelación de pedidos, pérdida de clientes, sanciones por exposición de datos y daño reputacional. No es casualidad que alrededor de seis de cada diez pequeñas empresas afectadas acaben cerrando sus puertas en menos de medio año.

También preocupa el incremento del fraude digital. Determinados sectores como comunidades online, juego y servicios financieros reportan pérdidas equivalentes a casi el 8% de su facturación anual por estafas y ciberataques, un porcentaje que ha crecido notablemente respecto al año previo. Para muchas compañías, ese nivel de merma supone un golpe directo a su viabilidad.

Cadenas de suministro: el talón de Aquiles de las grandes corporaciones

Una de las tendencias más peligrosas que se ha consolidado en España es el ataque a proveedores y terceros para entrar, por la puerta de atrás, en grandes corporaciones. En lugar de intentar vulnerar directamente los sistemas de un banco, una energética o una aerolínea, los ciberdelincuentes comprometen a una empresa de servicios con defensas más modestas y usan sus credenciales o conexiones para llegar a la “presa grande”.

En los últimos años, incidentes que afectaron a Iberia, Iberdrola, Banco Santander o Repsol han tenido su origen en brechas de seguridad de proveedores externos. Contact centers, empresas de marketing, servicios de soporte técnico o plataformas en la nube se han convertido en la vía ideal para acceder a datos de cientos de miles o incluso millones de clientes finales.

Este enfoque tiene una lógica sencilla: los atacantes buscan maximizar el retorno con el mínimo esfuerzo. Comprometer un único proveedor con acceso a múltiples clientes permite escalar el impacto y multiplicar el valor de los datos robados. Además, los proveedores a menudo cuentan con credenciales con privilegios similares a los de los empleados internos, lo que facilita todavía más el movimiento lateral dentro de las redes.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de una conocida cadena británica de grandes almacenes, que vio cómo delincuentes se hacían pasar por empleados ante el personal de TI de un proveedor, logrando que les cambiaran contraseñas y restablecieran accesos. El ataque obligó a cerrar parte del negocio online durante semanas y supuso pérdidas de cientos de millones de euros, demostrando hasta qué punto un incidenten en la cadena de suministro puede impactar en los resultados.

Ante esta realidad, normativas como la directiva NIS2 de la Unión Europea han endurecido las exigencias sobre la gestión de riesgos de terceros. Sectores como energía, transporte, banca o sanidad deben evaluar y controlar de forma mucho más estricta cómo sus proveedores gestionan los datos y qué medidas de seguridad aplican. No basta con confiar en un contrato: se exige supervisión continua, auditorías y cláusulas claras de responsabilidad.

El papel de la inteligencia artificial: aliada y amenaza a la vez

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) ha cambiado radicalmente el panorama de los ciberataques en España. Por un lado, ha proporcionado a los defensores herramientas muy potentes para detectar comportamientos anómalos, automatizar respuestas y anticipar vulnerabilidades. Pero, por otro, también ha caído en manos de actores maliciosos que la utilizan para escalar y perfeccionar sus ofensivas.

En el lado oscuro, la IA se emplea para generar campañas de phishing mucho más convincentes, con correos personalizados, textos sin faltas ortográficas y páginas fraudulentas casi indistinguibles de las originales. Muchas variantes modernas de malware integran algoritmos capaces de adaptar su comportamiento para evadir los sistemas de detección tradicionales, cambiando patrones, rutas o métodos de cifrado sobre la marcha.

Además, la creación automatizada de contenido falso ha disparado el número de sitios de noticias fraudulentas y campañas de desinformación. Se han identificado miles de páginas generadas íntegramente con IA que publican artículos engañosos cada pocos minutos, lo que dificulta enormemente para el ciudadano medio distinguir información fiable de bulos elaborados.

Los deepfakes también ganan peso como herramienta de fraude. La clonación de voz o imagen de directivos y figuras públicas permite montar estafas extremadamente creíbles, en las que se solicita, por ejemplo, una transferencia urgente o el envío de documentos sensibles. Para muchas empresas, este tipo de engaños resulta muy difícil de detectar sin controles adicionales de verificación interna.

Ante este panorama, los especialistas coinciden en que la defensa no puede renunciar a la IA, sino integrarla con cabeza. Soluciones avanzadas de detección y respuesta, monitoreo continuo y análisis de comportamiento son esenciales para hacer frente a un volumen de ataques que ya no es asumible solo con supervisión humana. Eso sí, se insiste en la necesidad de combinar estos sistemas con expertos que supervisen decisiones, mitiguen sesgos y protejan los propios modelos frente a intentos de manipulación.

Infraestructuras industriales y sectores críticos: un riesgo silencioso

Más allá de las oficinas y los portales web, las infraestructuras industriales españolas también están bajo la lupa de los ciberdelincuentes. Sistemas de control de plantas, automatización de edificios, redes energéticas o servicios de agua forman parte de un terreno especialmente delicado: un ataque exitoso puede traducirse en interrupciones físicas, daños materiales y riesgos para la población.

En el sur de Europa, donde se encuadra España, casi uno de cada cinco ordenadores de sistemas de control industrial ha tenido que bloquear intentos de ciberataque en un solo trimestre. En nuestro país, la proporción se sitúa cercana a esa media regional, lo que indica una presión constante sobre infraestructuras OT (Operational Technology) y entornos de producción.

Por sectores, la biometría y la automatización de edificios se encuentran entre los ámbitos más golpeados, con porcentajes de sistemas atacados por encima de la media mundial. En contraste, áreas como la construcción, la ingeniería industrial o la manufactura registran, de momento, cifras algo menores, aunque siguen expuestas a riesgos significativos.

Las principales vías de entrada en estos entornos son Internet y el correo electrónico. Un porcentaje notable de ordenadores industriales ha tenido que bloquear ataques que llegaban a través de la red o de mensajes de email, lo que demuestra que los vectores clásicos también afectan a los sistemas de control. El uso de memorias USB y otros dispositivos extraíbles supone un riesgo menor, pero no despreciable.

Especialmente preocupante es el peso del spyware en estos entornos industriales. En España, más del 7% de los sistemas ICS ha sufrido intentos de infección con este tipo de malware, diseñado para robar información confidencial, moverse dentro de la red y, llegado el caso, descargar otras amenazas como el ransomware. Para infraestructuras críticas, este tipo de intrusión puede ser la antesala de incidentes mucho más graves.

Los expertos recomiendan, entre otras medidas, evaluaciones de seguridad periódicas en sistemas OT, gestión continua de vulnerabilidades, actualización de componentes clave y despliegue de soluciones avanzadas de detección y respuesta específicas para entornos industriales. La formación conjunta de personal de TI y de operaciones se considera clave para mejorar la capacidad de prevención y respuesta.

Marco legal, riesgo reputacional y responsabilidad empresarial

El impacto de los ciberataques en España no se mide solo en euros o en número de equipos infectados. También tiene una dimensión legal, regulatoria y reputacional muy profunda. La combinación del RGPD, la directiva NIS2 y otras normativas sectoriales, como la norma ISO 27001, obliga a empresas y organismos a tomarse la ciberseguridad como un asunto estratégico.

Cuando un incidente implica datos personales, la organización debe notificarlo a las autoridades competentes y, en muchos casos, a los propios afectados. Un retraso injustificado o una falta de transparencia puede acarrear sanciones económicas importantes, además de un daño de confianza difícil de recuperar. En sectores como el financiero o el sanitario, esta confianza es prácticamente el principal activo de la marca.

Además, pagar un rescate en un ataque de ransomware plantea serios problemas legales y éticos. Se corre el riesgo de incurrir en delitos relacionados con la colaboración con organizaciones criminales, financiación de actividades ilícitas o incluso blanqueo de capitales. Y, en la práctica, no hay garantía de que los atacantes cumplan su palabra ni de que no vuelvan a golpear a la misma víctima más adelante.

En este contexto, las empresas tienen una responsabilidad clara en la prevención, protección y respuesta. Esto pasa por invertir en soluciones tecnológicas adecuadas, pero también por formar a los empleados, definir políticas de seguridad, establecer planes de contingencia y colaborar activamente con otras organizaciones, proveedores y organismos públicos para compartir información sobre amenazas.

La realidad del día a día demuestra que el 80% de los incidentes tiene su origen en errores humanos: contraseñas débiles, clics impulsivos en correos maliciosos, accesos sin revisar o configuraciones erróneas. Por eso, más allá de la tecnología, la cultura de seguridad dentro de la empresa es probablemente el factor más determinante para reducir el riesgo real.

A medida que la economía española profundiza en su transformación digital, la ciberseguridad se ha convertido en una pieza central de la continuidad de negocio. Los ataques seguirán creciendo en volumen y sofisticación, los grupos criminales continuarán profesionalizándose y las obligaciones regulatorias serán cada vez más exigentes. En este escenario, integrar la seguridad en la estrategia, cuidar la cadena de suministro, aprovechar la inteligencia artificial de forma responsable y reforzar la formación interna ya no es una opción, sino una condición básica para poder seguir operando con garantías en un entorno donde el próximo ciberataque no es una hipótesis lejana, sino una cuestión de tiempo.